Contraloría revela grave retraso en entrega de útiles escolares por parte de Junaeb
Solo un tercio de los kits escolares se entregaron y con cinco meses de retraso, reveló el ente fiscalizador, que anunció un sumario para esclarecer responsabilidades.
En el marco de una Investigación Especial realizada al Programa de Útiles Escolares de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Contraloría General de la República detectó importantes irregularidades, destacando que apenas un 34% de los kits fueron distribuidos al 6 de septiembre de 2024, lo que equivale a más de 1.425.000 kits faltantes.
Dato clave:
La entrega de útiles escolares comenzó recién el 26 de julio, cinco meses después del inicio del año escolar en marzo.
El programa de Junaeb está destinado a 2.656.214 estudiantes matriculados en establecimientos públicos y al 40% más vulnerable de estudiantes en colegios particulares subvencionados con gratuidad.
Problemas de licitación y falta de planificación
Según explicó la Contraloría, la demora en la entrega se debió a que la primera licitación fue declarada desierta, ya que el único proveedor ofreció lápices de colores de forma rectangular, cuando se exigía forma hexagonal sin justificación técnica válida. En la segunda licitación, Junaeb flexibilizó esta exigencia, lo que permitió continuar el proceso, pero con considerable pérdida de tiempo.
A esto se suma que la empresa contratada para distribuir los kits no contaba con flota propia ni con el giro comercial habilitado para realizar esa labor, lo que demuestra, según el informe, una seria falta de planificación por parte del organismo.
Material insuficiente
El informe también señala que los materiales entregados no eran suficientes para cubrir todas las asignaturas del currículo escolar general, lo que afecta directamente el proceso educativo de los estudiantes más vulnerables del país.
Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció la apertura de un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades dentro de la Junaeb.
Fuente: Contraloría General de la República
