Cónsul chileno en Madrid. Canciller de Argentina. Muerto en un accidente aéreo en España y representante legal en Chile del Chapo Guzmán. El currículum de Juan José Soto Vargas es sencillamente inagotable. Una persona con múltiples profesiones a lo largo de su vida. ¿El problema? Todo es una mentira que ya ha llegado demasiado lejos.
Su última jugada fue conseguir que la Corte de Apelaciones de Concepción exigiera recientemente al Presidente Gabriel Boric entregar en menos de 24 horas antecedentes relativos a la detención de Ernesto y Héctor Llaitul. Y lo logró.
Resulta que el tribunal de alzada penquista declaró admisible un recurso de amparo ingresado por Soto Vargas. La decisión obligó la movilización de recursos del propio Jefe de Estado, quien -a riesgo de ser sancionado por la Justicia- no tuvo más opción que enviar un oficio con información relativa al caso. Lo propio debieron hacer Fiscalía y Gendarmería.
Pero la historia no comienza aquí. El expediente de mentiras -al menos en tribunales del país- se remonta a 2005. Desde entonces y hasta la fecha, la Corte Suprema registra 124 recursos de amparos interpuestos por Juan José Soto. De las 17 Cortes de Apelaciones de Chile, 13 tienen registros de su nombre, incluidas Punta Arenas y Arica. El mismo Soto Vargas dice que son más de 400. Por si fuera poco, también ha engañado a medios de comunicación.
Revivió
Soto Vargas tiene una historia nueva para el año que le pregunten. Una de ellas fue en 2008, cuando se dio por muerto en el accidente aéreo del vuelo 5022 de Spanair, que se estrelló poco después de despegar desde el aeropuerto madrileño de Barajas.
Al momento de ocurrir la tragedia que dejó 154 víctimas fatales, se contactó con TVN y se autoproclamó como un cónsul de Chile en Madrid, bajo el nombre de Carlos Montenegro.
La intervención es, a lo menos, disparatada. Dijo que había un chileno fallecido y, cuando llegó la hora de dar la identidad, entregó… su propio nombre.
“Hay una persona fallecida que es don Juan José Soto Vargas, ciudadano chileno que estuvo exiliado en Alemania”, aseveró en ese entonces, según consignó El Mostrador.
Como la mentira tiene patas cortas, el ministro de Defensa de aquel año, Francisco Vidal, desmintió su versión. Entre las víctimas no figuraba ningún chileno. Por supuesto, Carlos Montenegro no era ningún cónsul.
Y como claramente no estaba muerto, siguió con otra mentira mediática al año siguiente.
En 2009 La Tercera detalló que Soto Vargas era un embustero que se hizo pasar por el enlace chileno de un espía peruano.
La historia comenzó cuando llamó al diario La República fingiendo ser Víctor Vergara, el enlace de Chile de Víctor Ariza, acusado de traicionar a su patria (Perú) y revelar secretos nacionales a Chile. Según Soto, la entonces Presidenta Bachelet estaba en conocimiento de sus actos.
La mentira le duró poco. Cuando envió documentos para acreditar su persona, venían firmados por Juan José Soto. No como Víctor Vergara.
Y la pandemia no frenó su predilección por la mentira. En 2020 y también en el extranjero, figuró como el venerable obispo de la Patagonia en Bariloche.
El medio argentino Cholila Online lo presentó como el “padre” Juan José Soto Vargas. Él mismo había presentado unos documentos que le permitían administrar todos los sacramentos de la Iglesia Católica, realizar misas, perdonar pecados y dar la extremaunción (ungir con aceite). Los informes -acredita Soto- estaban firmados por el propio Papa Francisco. Desde luego, otra mentira.
“Cacería de brujas al Chapo Guzmán”
Soto Vargas cuenta con otros antecedentes en Chile. En 2013 saltó a la palestra como ‘defensor’ del capo internacional de la droga, Joaquín Archivaldo Guzmán, alías el “Chapo Guzmán”. En aquel entonces, rumores sin mayor fundamento apuntaban a que el mexicano -prófugo a esa fecha tras escapar de la cárcel- estaba en la Patagonia.
Así, no tuvo mejor idea que ingresar un recurso judicial en favor del líder narco. La presentación legal estaba dirigida en contra de los entonces general de Carabineros y director PDI, el ministro del Interior Jorge Burgos y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Lo sospechoso es que estaba firmada y avalada supuestamente por tres senadores de la fecha. Algo incomprobable a estas alturas. Y si bien justificaba que era un honorable médico cirujano y con trayectoria, Soto no figura en el registro de salud de Chile. Ni ahora ni nunca.
El escrito de hace nueve años planteaba que “cualquier ciudadano que pise nuestra patria tiene derecho a ser amparado”.
De este modo, argumentó que “se ha desatado tanto en Chile como en Argentina una verdadera cacería de brujas en contra de aquel fugitivo (Chapo Guzmán), que no es otro que un ser humano al igual que todos nosotros los que habitamos esta tierra”.
Poco duró la petición de seguridad y protección a favor del Chapo. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas la declaró derechamente inadmisible. ¿La razón? No se encontraba en peligro y no existía una amenaza concreta porque Guzmán no estaba en el territorio nacional.
“Canciller” en busca de su ex
El 9 de septiembre de 2019, Soto Vargas se anotó un nuevo engaño. Ese día, se hizo pasar por el canciller de Argentina y tomó contacto con el general Roberto Machuca, jefe de la prefectura de Carabineros de Magallanes.
La petición que le hizo al uniformado fue simple: necesitaba antecedentes de una mujer porque tenía una herencia pendiente que cobrar.
Tal como informó El Pingüino, la comisaría no perdió el tiempo tras la orden que llegó del alto mando y fue en búsqueda da la mujer, a la que encontraron.
Toda la información fue remitida a Juan José Soto con la máscara de canciller. La razón de querer saber de ella, sin embargo, nada tenía que ver con la supuesta herencia. Y, desde luego, él no era ningún funcionario trasandino. Más bien, se trataba de una mentira para saber de la mujer, quien resultó ser su expareja.
La petición al Presidente
Con el historial de mentiras a cuestas, su última movida la registró en la Corte de Apelaciones de Concepción.
Juan José Soto ingresó otro de sus cientos recursos de amparo, el 2 de septiembre de este año, ante el tribunal de alzada penquista, luego de que Héctor y Ernesto Llaitul quedaran en prisión preventiva.
El texto ingresado está colmado de errores ortográficos y reflexiones. El escrito textualmente estipula:
“Durante su campaña y primer discurso, ya como Presidente de Chile, jamas habló de querellas, o conflictos judiciales, menos con nuestros hermanis mapuches, sin embargo, ayer, hace horas se decretó prision preventiva de los Amparados, por una lapidaria cadena repletas de acusaciones inventadas por obra del primer mandatario (…) En el fondo se viola el protocolo Estambul sobre torturas, metiendo preso los hijos, el padre termina quebrandose, es es pura tortura, que culpa puede tener ese niño?…(sic)”.
En el documento explicó que correspondía “piedad y atenuación” para los dos comuneros detenidos, porque cuando se declaraba locura o demencia, debían ser inimputables (cosa extraña, porque ningún informe médico de los Llaitul apunta a tal condición) y finalizó exigiéndole al Presidente y los tribunales de Temuco y Los Ángeles “recabar toda la información inherente a la materia y pedir informes en un plazo máximo de 24 horas”.
Con todo, el recurso de amparo se declaró admisible por los ministros Rafael Andrade y Nancy Bluck, junto al abogado integrante Marcelo Enrique Matus. En buenas cuentas, estimaron que el documento cumplía con los requisitos básicos para su tramitación y exigieron a Gabriel Boric y a otras reparticiones públicas evacuar toda la información posible en un día.
El 5 de septiembre Vargas Soto obtuvo su respuesta. En el documento enviado desde la Presidencia se enumeraban las querellas que derivaron en la detención y prisión preventiva de los comuneros.
No solo eso. También explicaba que ninguno de los imputados tenía causal de inimputabilidad y que no hay conocimiento de torturas. Ni siquiera sus defensas habían alegado algo similar.
Por si fuera poco, su jugada también escaló a Gendarmería e incluso el fiscal del caso tuvo que salir a dar explicaciones.
Si bien su última maniobra fue respondida -al igual que otras tantas- existe un alto porcentaje de sus acciones judiciales que terminaron rechazadas y declaradas inadmisibles. Las razones son varias: porque no corresponde al territorio jurisdiccional correcto o porque los hechos expuestos no tienen ninguna relación con la realidad. En otras palabras, más mentiras.
La Corte de Apelaciones de Arica, por ejemplo, le rechazó una solicitud porque los antecedentes que expuso estaban totalmente fuera de contexto, pero principalmente, porque personal especializado de la prefectura de Extranjería revisó fuentes de información abiertas y determinó que el amparado Juan José Soto, era un reconocido mitómano.
Así también la Corte de Antofagasta le declaró inadmisible un recurso a favor de Karen Rojo, porque “el actor ha presentado alrededor de 416 acciones constitucionales contra diferentes organismos públicos, además de dedicarse a enviar correos a la PDI, insultando a distintos entes públicos”.
En conversación con BioBioChile, Soto Vargas se defiende. Comenta que tuvo una infancia rodeada de pobreza y un padre ausente. También detalla un currículum digno de James Bond: que fue un espía en Brasil y Argentina. Que el portugués y el alemán lo aprendió mientras estudiaba medicina, que fue un exiliado, pero nunca un agente de la DINA.
También afirma que habló con el papa Francisco en Buenos Aires y que incluso éste mismo le ha escrito algunos correos. Además dice tener contacto con cancilleres, ministros y otras autoridades. Todo ello, nuevamente, incomprobable.
Asegura vivir en Argentina y que sobrevive con la pensión de vejez; que tiene 5 hijos y se jacta de que a lo largo de su vida tuvo más de 3 mil novias. Incluso que se casó en Brasil. Pregona que le gustaría escribir un libro contando su historia de vida. Cree que sería un best seller.
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