Legislador por Ñuble votó favorablemente proyecto de ley que obliga a sostenedores de establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir acuerdo del Centro de Padres y Apoderados en esta materia.
Con su voto a favor, el Senador por Ñuble, Claudio Alvarado (UDI), respaldó en general y en particular proyecto de ley que obliga a los sostenedores de establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes, iniciativa que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.
Alvarado explicó que los textos escolares son provistos por el Ministerio de Educación, lo que constituye una materia que está debidamente resguardada y definida en la ley de subvenciones, que señala expresamente que la exigencia de determinados textos escolares o materiales de estudio que no sean proporcionados por el Ministerio de Educación, no podrán condicionar el ingreso o permanencia de un estudiante, por lo que, en caso de que este no pueda adquirirlos, deberán ser suministrados por el establecimiento.
Por lo tanto, añadió, en la ley de subvenciones existe un resguardo para aquellas familias cuyos hijos estudian en colegios que les exigen textos diferentes y que no están en condiciones de adquirirlos y es la Superintendencia de Educación la entidad llamada a fiscalizar dicho proceso.
“No obstante de que existan normas de protección y entidades que fiscalizan lo que señala la ley de subvenciones, esta iniciativa de ley va en un sentido correcto, en orden a que la exigencia de textos adicionales, según estudios de la propia Fiscalía Nacional Económica, implica que pueden ser adquiridos en el mercado a valores hasta veinte veces más caros de los precios a los que los adquiere el Ministerio de Educación. Indudablemente, cuando se lleva a una familia a una situación de esas características, lo mínimo que podemos pedir es que se considere la opinión de los padres y apoderados sobre el criterio del colegio para tener textos distintos o diferentes a los que provee el Ministerio de Educación”, sostuvo el Senador.
De esa forma, según agregó, “aseguramos que los padres y apoderados reciban la información debida y de manera oportuna. Y, en segundo lugar, que el cambio de los textos escolares sea producto de un acuerdo, de un consenso y en pleno conocimiento de las implicancias económicas que aquello puede significar”.
Alvarado también aseguró que este proyecto no atenta contra la autonomía educativa de los colegios, dado que solamente considera un paso para que las comunidades puedan estar informadas cuando se adopte una decisión de estas características.
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