Con 25 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que pretende despenalizar las deudas de los créditos Corfo, con Aval del Estado y del Fondo Solidario.
Con esto, la iniciativa pasó a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Alta para su revisión en particular, que tiene plazo para el ingreso de indicaciones hasta el 20 de mayo.
Durante el debate, Luz Ebensperger (UDI) manifestó su preocupación porque el texto regularía normas que son de iniciativa exclusiva del Presidente, al involucrar la administración financiera del Estado.
El senador Francisco Chahuán (RN) expresó su molestia por la poca participación que tuvo el Gobierno en la discusión de la iniciativa y apuntó directamente al ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Su par de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, recordó las marchas de 2011, donde “el tema del endeudamiento estaba en el centro”, y manifestó su satisfacción por el avance del proyecto.
El legislador frenteamplista recordó, además, que “los 24 senadores y senadoras de oposición firmaron propuestas de ley para reemplazar el CAE y avanzar hacia la condonación”.
“La educación es un mecanismo de ascenso social y mérito democrático”. Hoy el tema de fondo es qué vamos a hacer con 970 mil deudores y creo que se debe condonar el CAE”, sostuvo por su parte Alejandro Navarro (PRO).
¿Qué se busca?
La propuesta espera:
– Interpretar la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores con el objeto de establecer que esta normativa es aplicable a los contratos de créditos para financiar estudios de educación superior.
– Asimismo, se modifican las leyes 19.287 y 20.027 (que crean el sistema de Crédito con Aval del Estado) con el objeto de terminar con una serie de condiciones que ponen a los estudiantes endeudados en situaciones de abuso e indefensión.
– Por último, se interpreta la ley 20.720 de reorganización y liquidación de empresas y personas con el objeto de establecer que las deudas adquiridas por estudiar en la educación superior pueden sujetarse a los procedimientos regulados por la citada norma.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los senadores Yasna Provoste, Carlos Montes, Latorre y Chahuán y se funda en el análisis retrospectivo de la aplicación de la ley 20.027 que, en 2005, creó un sistema de financiamiento de la educación superior consistente en incentivos para que la banca privada gestionara los créditos necesarios para que el alumnado pague sus estudios, respecto de los cuales el Estado otorgó su aval.
Fuente: biobiochile.cl
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