La Policía ecuatoriana detuvo a dos personas presuntamente relacionadas con el asesinato del fiscal César Suárez, que había actuado en el caso por el asalto a un canal de televisión por parte de un comando armado y seguía casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.
«Hemos aprehendido a dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, en Guayaquil, tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal», escribió en su cuenta X (antes Twitter) el comandante general de la Policía, César Zapata.
A los detenidos se les incautó un fusil, dos pistolas, alimentadoras y dos vehículos.
El asesinato del fiscal Suárez fue perpetrado el miércoles en la ciudad costera de Guayaquil en medio del estado de excepción y la declaración de un conflicto armado interno por parte del Gobierno de Daniel Noboa ante una espiral de violencia desatada la semana pasada y atribuida a bandas criminales.
Suárez, que había interrogado recientemente a los detenidos por el asalto al canal TC Televisión de Guayaquil, fue asesinado por sicarios que dispararon a su vehículo cuando se dirigía a una audiencia en un caso de tráfico de drogas, sin estar protegido por un equipo de seguridad.
GOBIERNO DEPLORÓ CRIMEN
El Gobierno de Ecuador ha rechazado el asesinato a tiros del fiscal y ha ratificado su compromiso de apoyar a la administración de justicia en el marco de la «guerra interna» que lleva adelante contra el crimen organizado trasnacional.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, deploró el crimen de Suárez y dijo que el Ministerio Público no detendrá su lucha contra los grupos del crimen organizado.
«Este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador», pero «los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana», apuntó Salazar el miércoles.
La fiscal hizo un llamado a las fuerzas del orden para «garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en cumplimiento de nuestras funciones», así como al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias judiciales que llevan adelante fiscales de las unidades contra el crimen organizado «se desarrollen de forma telemática».
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