Luego que la Unidad de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Ñuble revelara que la superficie de edificación autorizada durante diciembre en Chillán disminuyó un 90%, en comparación con el mismo mes de 2022, los diputados Cristóbal Martínez y Marta Bravo llamaron al Gobierno a tramitar con la máxima urgencia un proyecto que promete disminuir en al menos seis meses los plazos de construcción de las viviendas, convirtiéndose en un aporte a la grave crisis habitacional que vive el país y a la dificultad que muchas familias tienen al acceder a una propiedad.
Los parlamentarios gremialistas explicaron que la iniciativa fue presentada por el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) hace más de un año, pero fue a fines de 2023 cuando la Cámara de Diputados la aprobó por una amplia mayoría, derivándola de esta manera al Senado.
En el detalle, Martínez y Bravo aseguraron que, en promedio, un proyecto habitacional demora 32 meses desde su presentación hasta que obtiene la recepción final, lo que termina provocando que muchas constructoras e inmobiliarias desistan de realizar la inversión y, por tanto, se reduzca la oferta habitacional para las personas. Por lo mismo, lo que busca la iniciativa es establecer un plazo legal para los distintos trámites y permisos que se deben otorgar, reduciendo no solo los tiempos de construcción en al menos seis meses, sino que también los costos de las obras entre un 5 y un 10%.
“Una de las principales razones de por qué nuestro país lleva más de cuatro años estancado, además del estallido y la pandemia que nos afectó, es precisamente la enorme burocracia estatal con la que se tienen que enfrentar todos los inversionistas y emprendedores, desde los más pequeños hasta los más grandes. Hoy, cualquier proyecto que se quiera ejecutar en nuestro país tiene que convivir con una serie de trámites y procesos absolutamente engorrosos y que, en ningún caso, garantizan que la inversión se pueda realizar. Y eso, además de otras razones, ha terminado por condenar a la clase media y a los jóvenes a vivir eternamente arrendando, porque el valor de las propiedades se ha vuelto prácticamente inalcanzable”, explicaron los representantes de Ñuble.
Precisamente, otro objetivo indirecto que tiene el proyecto es que, a partir de la reducción en los plazos y los costos de construcción, las propiedades comiencen a bajar paulatinamente de precio.
Por lo mismo, junto con llamar al Senado y al Gobierno -que ya se ha manifestado a favor de la propuesta- a tramitar con la máxima urgencia dicha iniciativa, los diputados Martínez y Bravo también invitaron a los privados a comprometerse en volver más asequibles todas las propiedades.
“La crisis habitacional que estamos viviendo en nuestro país y también en Ñuble no se soluciona con el esfuerzo de solo una parte. Y si en el Congreso estamos avanzando con un proyecto que simplifica los procesos de tramitación y los plazos de construcción de las viviendas, lo que esperamos, por tanto, es que el sector privado también se involucre en esta tarea”, reiteraron ambos legisladores.
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