Este martes la Corte de Apelaciones de Chillán confirmó la prisión preventiva para dos de los acusados en la investigación por corrupción al interior de municipios. Se trata del alcalde de San Ignacio y un operador político, que era colaborar de un empresario chillanejo también formalizado y preso.
La Corte de Apelaciones confirmó la resolución que dictó el Juzgado de Garantía de Bulnes, que dejó en prisión preventiva al alcalde de San Ignacio, César Figueroa; y al operador político y colaborador del empresario Rodrigo Carmona, todos investigados por presunta corrupción en varios municipios de Ñuble por la licitación de cuentas bancarias.
El jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto Donoso, informó que la Corte de Apelaciones de Chillán confirmó la medida cautelar en contra de los dos formalizados, junto a un empresario chillanejo y otros funcionarios municipales, por delitos de corrupción, en el marco de la investigación que la fiscal de Chillán, Nadia Espinoza Caro.
Al alcalde César Figueroa Betancourt se le investiga por dos delitos de cohecho, uno de fraude al Fisco, dos falsificaciones de instrumento público y un delito de malversación de caudales públicos.
Mientras que Rodrigo Sandoval Terán, quien ejercía como operador político y colaborador del empresario Rodrigo Carmona, está formalizado por tres sobornos y una estafa frustrada.
El abogado Francisco Soto explicó que “el tribunal de alzada dio por acreditados los presupuestos materiales y de participación de los imputados en los delitos por los que se les formalizó y confirmó que es necesaria la medida cautelar privativa de libertad por representar ambos un peligro para la seguridad de la sociedad”.
En esta investigación hay otros seis imputados formalizados, dos de ellos también en prisión preventiva. Se trata del empresario Rodrigo Carmona, a quien se le investiga por cuatro sobornos, estafa frustrada y violación de secretos, y Krysler Monroy Castillo, director de Salud de la Municipalidad de San Ignacio, quien está formalizado por un delito de cohecho y otro de fraude al Fisco.
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