Basta con ingresar a Google los conceptos “licitación municipal de cuentas corrientes” y “Rodrigo Carmona”, para que el buscador entregue cientos de resultados, especialmente copias en PDF de contratos y actas de concejos municipales de más de 60 comunas del país que constatan las presentaciones del modelo ideado por el empresario ñublensino, para llamar a licitación a los bancos que quieran manejar las cuentas corrientes de cada consistorio.
Los primeros antecedentes datan del 2014 en Cauquenes y luego, en 2015 cuando –por ejemplo- Carmona, a través de su empresa Gestión Global SPA, firmó contrato con la Municipalidad de Bulnes, liderada en ese entonces por Ernesto Sánchez.
Ya para 2017, y conforme consta en la presentación realizada por Carmona ante el concejo de la Municipalidad de Los Vilos, Gestión Global ya estaba asesorando a 43 consistorios, entre ellos a los ñublensinos de San Ignacio y San Nicolás.
Para 2022, los contratos con los municipios del país superan los 70.
El gerente general de Gestión Global SPA es Rodrigo Carmona, empresario y exfuncionario público en las municipalidades de Chillán (con Aldo Bernucci de alcalde) y de Chillán Viejo (con Julio San Martín como jefe comunal). El pasado viernes, mientras caminaba por el sector céntrico de Chillán fue interceptado por funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de la región siendo detenido bajo cargos de cohecho. Es decir, delitos de corrupción.
Minutos más tarde, fueron detenidos como parte de esta misma investigación, el alcalde de la comuna de San Ignacio, César Figueroa Betancourt; el jefe de gabinete del alcalde, Eduardo Suazo Jiménez; el director del departamento de Administración y Finanzas, Hugo Troncoso Salazar; el periodista y funcionario municipal, Rodrigo Sandoval Terán (exconcejal de Chillán, exdirector del Injuv Biobío y excandidato a consejero regional) y, finalmente, se detuvo al director del departamento de Salud municipal, Krysler Monroy Castillo, luego que él se presentara al Cuartel Arauco de la PDI, en horas de la tarde de ese mismo viernes, para preguntar por la situación de sus colegas de trabajo.
Lo hicieron esperar en el hall del cuartel, y minutos más tarde, los funcionarios le informaron que estaba detenido.
La causa fue declarada secreta y cerrada por parte del Ministerio Público, quienes tras la realización del control de detención de los seis arrestados, le pidió al tribunal de Bulnes que aumentara el plazo de detención por 72 horas (el máximo que confiere la Ley), a lo que el tribunal accedió.
Fueron derivados provisoriamente a la cárcel de Chillán a espera de ser formalizados el próximo día martes.
Tras cartón, la Fiscalía, a través de un comunicado público notificó que el procedimiento conjunto con la PDI se realizó “en el marco de una investigación por cohecho, soborno y fraude al fisco que realiza la fiscal de Chillán, Nadia Espinoza Caro”.
También se explicó que la fiscal Caro ordenó una investigaciónsimilar en la Municipalidad de Graneros, en la Región de O’Higgins.
El 15% de las ganancias
Conforme a las exposiciones realizadas por Rodrigo Carmona ante los diferentes concejos municipales, la realización del contrato del modelo de licitaciones de cuentas bancarias que él propone, tiene por objeto determinar la viabilidad de incrementar los beneficios municipales por concepto de mantención de cuentas corrientes de la municipalidad.
Se constata de manera expresa que la municipalidad pagará al consultor el valor de los servicios, el que se calculará considerando los mayores beneficios obtenidos del nuevo contrato de mantención cuentas corrientes bancarias.
Es así que ante el concejo de Los Vilos, en 2017, expuso que “Gestión Global SPA es una empresa de consultorías y capacitaciones cuya principal función es asesorar a las municipalidades en estudios financieros para incrementar sus ingresos por concepto de mantención de cuentas corrientes”.
Por tal motivo ofrece “determinar la viabilidad legal de modificar, prorrogar, finiquitar u otra figura jurídica del contrato que actualmente mantiene la Municipalidad con la entidad bancaria”, y aclara además que “nuestros honorarios están en función de los resultados, la municipalidad paga después que el banco les paga (los intereses NdeR.) Si es mensual, cobramos el 15% de lo que les llegue a ustedes”.
Como refuerzo didáctico del modelo, presenta una tabla con los porcentajes de ganancias obtenidos por diversas municipalidades en 2017, en las que destacan algunas como la de Valparaíso ($61.283.090.047 al 3.03% de interés) o la de El Bosque ($53.753.661.134 al 3.53% de interés) y detalla respecto a sus remuneraciones, que estas equivalen al 10% de esos intereses si lo que se recaudaba era menos de 325 millones al año; y un 15% si la recaudación partía en los $1.800 hasta los $5.400 anuales por concepto de intereses.
Se estima que la investigada Municipalidad de San Ignacio promedia ingresos por $10 mil millones anuales.
El abogado del “caso Led”
Aunque es imposible por el momento determinar proporciones o escalas, las similitudes de este caso de “Cuentas Corrientes” con el ya emblemático “Caso Led” son varias.
En primer lugar, se trata de un modelo de negocios totalmente lícito que son gestionados por las municipalidades del país del que el Ministerio Público indaga en cuanto a hechos de corrupción en estos procesos. Por lo demás, se trataría de un caso de sobornos multimillonarios, tal como acontece con el caso Led, que con la empresa Itelecom como protagonista, mediante eventuales sobornos se adjudicó diversas licitaciones, entre ellas la de Chillán en 2020.
Como en el caso de las Luminarias Led, se busca establecer que uno de los primeros pasos para conseguir una adjudicación fraudulenta, era mediante un agente encargado de detectar si en los diversos municipios había funcionarios que pudiesen favorecerlos en el proceso de licitación a cambio de sobornos.
Fuentes municipales de Ñuble, consultadas por La Discusión, explican que “se trata de un negocio perfectamente legal y realmente beneficioso, porque hasta hace unos años, todas las cuentas las realizaba el BancoEstado. Hoy este modelo se está imponiendo y además, hay bancos que incluso ofrecen servicios adicionales como la instalación de sucursales o de cajeros automáticos en las comunas que no los tienen”, explican.
Por lo tanto, lo que actualmente indaga el Ministerio Público es la salud legal de estos procesos de licitación. Fuentes cercanas al proceso explicaron a nuestro medio que la Fiscalía inició de oficio esta investigación en noviembre de 2022 y que como carga probatoria cuentan con documentos físicos, grabaciones de interceptaciones telefónicas y que cuando se detuvo a Carmona, en calle Arauco de Chillán, se le mencionó que se le arrestaba por los delitos de soborno y violación de secreto, entre otros cargos.
En la Fiscalía no descartan abrir una arista por lavados de activos.
Continuando con los paralelismos con el “Caso Led”, cabe destacar, que dentro del equipo profesional que presentaba Carmona en 2017, como abogado de Gestión Global figuraba el nombre de Marcelo Campos, hoy imputado por delitos de cohecho en el llamado “Caso Led”, que lo mantiene con la cautelar penal de arresto domiciliario nocturno.
Sin embargo, hay una diferencia crítica.
Hoy, que en el caso led, hay imputados confesos y otros que incluso han prestado declaraciones que han significado una real colaboración con la causa, todo apuntando a que el principal punto discutir en un próximo juicio oral es si el delito tuvo su principio de ejecución antes o después de octubre de 2017, mes en que se modificó la Ley Anticorrupción.
Si las defensas acreditan que los tratos ilegales se hicieron antes de esa fecha, a los acusados se les aplicarían las penas antiguas, que no contemplan privación de libertad.
En este incipiente caso “cuentas corrientes”, aparentemente, las defensas no contarían con ese poderoso salvavidas.
Molestia en las defensas
El alcalde de San Ignacio, César Figueroa, y su jefe de gabinete, Eduardo Suazo, fueron representados, al menos en esta primera etapa del proceso judicial, por las abogadas de la Defensoría Penal Pública, Viviana Castel y Laura Kuncar.
Al jefe de finanzas, Hugo Troncoso, lo representa el abogado particular Juan Francisco Maibee (de Concepción).
Mientras que a Rodrigo Sandoval y al dueño de Gestión Global, fueron representados por el abogado Giovani Gotelli (también interviniente en el caso Led) y, finalmente, a Krysler Monrroy lo defiende el abogado penalista, Rodrigo Vera Lama.
Este último dijo a La Discusión que “la verdad cuesta entender por qué está detenido. De hecho, queda claro que a diferencia del resto de los imputados, la PDI no contaba con una orden de detención en su contra, por eso a él no lo arrestaron junto al resto. El señor Monrroy, tras enterarse de lo que había ocurrido esa tarde en la municipalidad de la que él es director de Salud, fue a preguntar a la PDI por el procedimiento, y al parecer su nombre fue mencionado en las declaraciones que hizo alguno de los otros detenidos, y ahí recién la fiscal Caro, me parece, dio la orden de detenerlo”.
Conforme al abogado Vera Lama, tras conversar con su representado “puedo asegurar que él no tiene siquiera una tesis que explique porqué está detenido, ya que no ha recibido sobornos de ningún tipo, no ha participado ni de reuniones ni de conversaciones respecto al tema de la licitación de las cuentas corrientes, y es más, a Rodrigo Carmona lo conoce apenas de vista, no es alguien con quién tenga algún tipo de relación”.
Por lo anterior, para el defensor es un agravio que “se trate de una investigación que lleva casi cinco meses y que la Fiscalía llegue a la audiencia pidiendo tres días más de plazo para reunir más antecedentes. Entonces, se declara la causa cerrada y no tenemos acceso a saber qué pasa”.
Similares reparos hizo el abogado Giovani Gotelli. “En primer lugar, respecto al señor Sandoval, él fue detenido en las afueras de su domicilio, sin que se entregaran mayores antecedentes de la causa de esa detención. Entonces ese secreto de la investigación nos perjudica como defensa”, apuntó.
Gotelli, como el resto de los defensores, se opusieron además a la solicitud de ampliación de plazo solicitada por la fiscal Caro, “porque nos parece increíble y atentatorio que si el Ministerio Público dice contar con una serie de antecedentes calificados como para solicitarle al tribunal las órdenes de detención y resulta que a la hora de formalizar dice que le faltan antecedentes”.
Tras dialogar con Carmona y Sandoval, el abogado Gotelli comentó que “las licitaciones en las que ha participado la empresa del señor Carmona, son todas completamente lícitas y que además han demostrado ser muy beneficiosas para los municipios. Mi representado tiene licitaciones con muchas municipalidades de Chile, creo que son cerca de 70, pero no manejo una cifra oficial”.
Reunión de emergencia
“Tendremos que ver qué pasa con la audiencia y tener un poco más de antecedentes de la detención del alcalde, para poder decidir qué hacer”, adelantó el viernes el concejal Rodney Baeza.
En estricto rigor, si el alcalde Figueroa es puesto en prisión preventiva o se le impone la medida cautelar de arresto domiciliario total, el concejo tendrá que dirimir quién lo tendrá que reemplazar, siendo siempre el sucesor natural aquel edil que haya sido electo con la mayor cantidad de votos.
Otro punto a discutir será la continuidad del proceso de licitación de las cuentas corrientes municipales, porque –tal como ocurriera en Chillán con el caso Led- ante este escenario que ya tiene aristas penales, es muy probable que se deje sin efecto y se inicie un proceso nuevo y a partir de cero.
“Lo que se nos dijo es que había un banco que estaba tomando la delantera en el asunto, porque estaba ofreciendo instalar cajeros automáticos, acá en la zona, pero hasta el momento no hemos sabido nada más”, aclaró el concejal Manuel Sandoval.
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