El legislador por Ñuble afirmó que la nueva realidad del país es la sequía que enfrenta por años. “Por lo tanto, debemos hacer las modificaciones para poder regular el uso y el consumo de agua en el futuro”, indicó.
A favor del proyecto que, en segundo trámite, reforma el Código de Aguas, se expresó ayer el Senador por Ñuble, Claudio Alvarado. La iniciativa, entre otros puntos, busca establecer el derecho esencial al agua; intensificar y complementar el carácter de uso público del agua; consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas en caso de cumplirse ciertas condiciones definidas en la ley.
«Quiero valorar y destacar que después de un largo proceso legislativo, estemos discutiendo en el Senado, en general, cómo perfeccionar la legislación que dice relación con el Código de Aguas. Una legislación que data de 1981, es decir, 40 años atrás”, comenzó señalando el senador durante su intervención en sala.
“Este largo proceso, este largo debate, ha permitido, con el paso del tiempo, ir buscando acuerdos y consensos. Hoy, todos estamos claros de que estamos frente a una iniciativa que está adecuando el Código de Aguas a una nueva realidad y ¿cuál es esa realidad? Es la sequía que enfrenta ya por años nuestro país y que llegó para quedarse, por lo tanto, debemos, responsablemente, hacer las modificaciones necesarias para poder regular el uso y el consumo de agua en el futuro (…) Queremos dar prioridad al agua para el consumo humano y tener mayor seguridad y equidad en el acceso al agua, y estos criterios están presentes tanto en el otorgamiento de derechos como en la limitación y ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua”, continuó.
Respecto al texto, el legislador valoró especialmente algunos puntos como que se impide la especulación y el mal uso de los derechos de agua, vía incremento de patentes por no uso y extinción de derechos de agua parcial o totalmente; la caducidad de los derechos por no inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y obligación de informar cambios de usos productivos, entre otros.
“Estamos frente a un buen proyecto, que ha sido perfeccionado en las diferentes comisiones en las que se ha discutido larga y extensamente y también existe un compromiso del Ejecutivo de ingresar en la discusión en particular las indicaciones que permitan perfeccionar aún más este proyecto y podamos despacharlo. Es una legislación muy importante porque entrega certeza jurídica que nos permite confiar en inversiones y asegurar el uso del agua para el consumo humano”, explicó.
Por último, Alvarado afirmó que el Ejecutivo, sólo en inversiones de Subdere y Gobiernos Regionales, entre 2018 y 2020, ha invertido del orden de $130 mil millones, para abastecer y mejorar sistemas de agua potable y llevarla a diferentes sectores, además de lo que ha hecho la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.
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