El fiscal (s) de San Carlos, Andrés Salgado Valdebenito, informó que se obtuvo, en procedimiento abreviado, ocho condenas de 3 años y un día de presidio cada una por el delito reiterado de lavado de activos. Uno de los imputados, además, fue condenado a 600 días de presidio por administración fraudulenta, en una investigación encabezada por la fiscal jefe de esa jurisdicción, Tamara Cuello Peña, y la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
Según los hechos acreditados por la Fiscalía ante el Juzgado de Garantía de San Carlos, Cristian Gallegos Méndez, en su calidad de gerente de Administración y Finanzas de una empresa agroindustrial de esa comuna se apropió, entre 2019 y 2021, de más de 665 millones de pesos de la compañía, dinero que luego traspasó a cuentas bancarias de familiares.
Estos últimos son su esposa Crisabell Torres Gatica, su tío Rosamel Méndez Hidalgo, su tía Ivanna Méndez Hidalgo, su concuñado Alexis Contreras Huenupe, su tía Carolina Belmar Sepúlveda, su suegro José Torres Apablaza, y su cuñada Macarena Torres Gatica.
“Para ocultar o disimular estos traspasos ilegales de dineros, el imputado principal realizó distintas maniobras como aumentar los pagos a proveedores, anticipar traspasos de dinero a supuestos proveedores verdaderos y desviar dinero a través de pagos de cuentas masivas”, explicó el fiscal (s) Andrés Salgado.
Acotó que “con los recursos apropiados de forma ilegal, su esposa adquirió tres vehículos, su cuñada otro automóvil, al igual que su tío. La cónyuge, además, compró tres predios. Además, se incautaron artículos electrónicos de alto valor, los cuales, según la investigación, fueron obtenidos a partir de los ilícitos en que incurrieron los imputados”.
El jefe de la Bridec de Chillán, subprefecto Romy Lara Rubilar, señaló que «esta investigación de largo aliento implicó diversas diligencias investigativas. Por una parte, esta brigada especializada realizó allanamientos que permitieron incautar documentos contables, tales como facturas, cheques, y también el análisis de las transferencias electrónicas”.
Acotó que “además se incautaron computadores, teléfonos, libros contables, que permitieron establecer la existencia del delito y la participación de los acusados. Asimismo, fue relevante el análisis forense realizado por el perito contable del Laboratorio de Criminalística Regional Chillán, por cuanto entregó conclusiones respecto a la responsabilidad penal de los condenados».
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