Informe acreditó que 19 expedientes de beneficiarios, remitidos por el INDH, no presentaban respaldos médicos.
Asimismo, estableció que 58 compensados «tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos».
En la previa de la votación -este jueves- del informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre las pensiones de gracia otorgadas por el Estado a víctimas del estallido social de 2019, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un documento que acreditó graves falencias en decenas de casos.
El estudio, el informe final del organismo fiscalizador sobre las polémicas compensaciones, concluyó que 19 expedientes de beneficiarios de las compensaciones, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no presentaban antecedentes médicos.
«O bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019», indicó el análisis de la CGR.
Asimismo, 58 de los 419 beneficiados «tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos», según la Contraloría.
Entre ellos hay condenados por estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros delitos.
En algunos casos los beneficiados suman hasta 10 condenas.
LA DERECHA NO DECARTA INTERPELAR A TOHÁ
Con estos antecedentes, el diputado Henry Leal (UDI), presidente de la comisión investigadora, dijo que la derecha no descarta interpelar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y le pidió al Gobierno suspender todos los pagos de las pensiones hasta que haya una revisión más exhaustiva y una revocación de compensaciones.
Minutos antes de iniciar la revisión del informe de la instancia parlamentaria, el diputado integrante Andrés Longton (RN) condenó los hechos dados a conocer por la Contraloría.
«Esto lo dijimos hace mucho tiempo, pero el Gobierno tuvo que esperar el informe de Contraloría para renunciar a esa complicidad que tiene con el octubrismo, que tiene con la violencia desatada que se dio en el contexto del estallido social, que dejó a mucha gente sin sus fuentes laborales y afectó la vida de muchas familias», sostuvo el parlamentario.
Agregó que «es tan contundente el informe de Contraloría que señala expresamente que la Subsecretaría del Interior debe realizar sumarios administrativos y el INDH también va a tener que realizar sumarios administrativos para poder determinar las responsabilidades administrativas correspondientes».
Parte del informe emitido por la comisión de la Cámara concluyó que el INDH carecía de competencia técnica como organismo calificador para acreditar lesiones.
Finalmente, el texto fue aprobado en la Cámara Baja.
«SINVERGÜENZAS»
Desde el oficialismo, el diputado Tomás de Rementería (PS) reconoció que «se cometieron errores y las principales víctimas son las reales víctimas de violaciones a los derechos humanos graves que se cometieron en el Gobierno de Sebastián Piñera y que hoy día reciben una pensión de gracia».
«Hay una serie de sinvergüenzas y delincuentes que recibieron su pensión, de forma fraudulenta muchas veces, porque también lo que dice el informe, y me parece bastante grave, es que hay casos donde no hay diagnóstico médico y hay certificados médicos que grafican la situación médica de las personas que son anteriores al estallido social», señaló el legislador.
«Acá hay que revisar, y es lo que ha dicho el subsecretario (del Interior, Manuel) Monsalve, que ha retrocedido y ha dicho que van a tomarse medidas legislativas y administrativas para revocar estas pensiones de gracia a personas que cometieron graves delitos», enfatizó.
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