Mediante un oficio enviado por la fiscal Paulina Veldebenito al 7mo Juzgado de Garantía de Santiago el pasado lunes, se informó a los jueces y a los abogados defensores de los imputados por el “Caso Led” que para seis de ellos, el Ministerio Público solicita terminar la causa mediante un juicio abreviado, instancia creada el año 2000 en Chile, para solo cierto tipo de delitos, con el fin de acortar los procesos demasiado largos, mediante un acuerdo en cuanto a las penas, entre fiscales, defensores e imputados.
Esto transcurridos más de tres años y tres meses del día en que la Policía de Investigaciones detuvieron a seis funcionarios de la Municipalidad de Iquique, al dueño de la empresa Itelecom S.A., (en Santiago) y a los entonces funcionarios municipales de Chillán, Ricardo Vallejos (administrador municipal) y al asesor jurídico Marcelo Campos, quien además, al momento de su detención, era juez de Policía Local de Pemuco.
Los otros tres imputados son el exfuncionario del Ministerio de Energía, Paul Pacheco; al ex secpla de Negrete, David Encina; un intermediario de Itelecom, Rogers Mariángel; y el socio de Lefort en empresas ideológicamente falsas, George Latrille.
De todas formas, la resolución del tribunal metropolitano no fue inmediata. Por el contrario, le otorgó un plazo de tres días a la Fiscalía para que especificara las penas que -en este escenario procesal- le otorgaría a cada uno de esos seis imputados.
De todas formas, tales penas serían indefectiblemente inferiores a las de 5 años y un día que representan la sanción “de corte” que se asignan a los delitos que traen aparejadas “penas de crimen”, forzozamente privativas de libertad.
Se desprende de esta manera que, en los casos de Vallejos y Campos, perfectamente podría darse un escenario en el que -aún siendo condenados a más de tres años de cárcel por los delitos de cohecho que se les imputan, podrían quedar libres apenas el juez golpée la mesa con su martillo para simbolizar el fin de la audiencia, ya que tal pena se les daría por cumplida con el tiempo que pasaron como presos preventivos (en la cárcel de San Carlos) como el tiempo que cumplieron posteriormente con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arresto domiciliario nocturno.
Para que lo anterior acontezca en esos términos, tanto los respectivos abogados defensores como sus representados deberán estar de acuerdo con la propuesta fiscal en cuanto a las sanciones, ya que uno de los preceptos del juicio abreviado es que el juez termine “en actas” la causa con la aceptación de las imputaciones y de las penas asignadas, por parte de los imputados.
En otras palabras, a diferencia de lo que acontecería en un juicio a desarrollarse en un Tribunal Oral en lo Penal, el juicio abreviado no es controversial ni tampoco ofrece instancias para discutir evidencias ni a favor ni en contra.
“Aquí, la Fiscalía, dentro de las posibilidades que tiene nuestro sistema, están acudiendo a esta instancia del juicio abreviado, donde el 99% de los imputados sí o sí reciben una condena porque aceptan sus responsabilidad en los hechos. Esto ocurre con normalidad y es algo común en nuestro ordenamiento jurídico”, advirtió el abogado Giovanni Gotelli, quien representa a Marcelo Campos.
28 años de cárcel para Lefort
Sin embargo, la situación procesal que la defensa de Campos proyecta en términos de penas es muy diferente a la que el abogado, Juan Carlos Manríquez, hace respecto a su representado, Ricardo Vallejos.
A ambos se les persigue por el delito de cohecho, pero en el caso de Marcelo Campos, fue detenido por la PDI cuando circulaba en un vehículo en cuyo interior había un maletín con $30 millones que minutos antes había recibido de manos de Marcelo Lefort, por concepto de sobornos.
Un “premio” como muchos que entregó el empresario a quienes, desde dentro de diversas municipalidades como las de Iquique, Chillán o Negrete, allanaron los procesos a su favor para que Itelecom se adjudicara millonarios contratos para realizar los recambios de luminarias públicas a tecnología Led.
En tanto, conforme a Manríquez, las pruebas que incriminarían a Vallejos, son inexistentes, por lo que desde un primer minuto está buscando solo la absolución como resultado judicial, por lo que de todos los casos, el del exadministrador municipal podría ser el único que no acepte un término en juicio abreviado.
Es más, aún no se ha hecho siquiera la acusación en esta causa, por lo que nadie sabe cuál es la pena que la Fiscalía pide para cada acusado.
Solo se ha adelantado, por parte del Ministerio Público, que como un ejercicio de prognosis de pena, se estima una de 28 años para Lefort
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