La Contraloría General de la República (CGR) anunció el inicio de una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, en un plazo que comprende del 2021 a la fecha.
Esta semana se conoció que un equipo especial de investigadores del organismo se instaló en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta, tras conocerse los millonarios convenios suscritos entre esa repartición y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de Revolución Democrática.
Sin embargo, el caso convenios se expandió a varias regiones del país por similares hechos: contratos con fundaciones, con traspasos directos de millonarias cifras, en Atacama, el Maule y Biobío. Todo esto en medio de una serie de investigaciones abiertas por el Ministerio Público.
A lo anterior se suma la acción de la Contraloría, que además señaló que se realizarán acciones de fiscalización en otros servicios, “en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también el análisis de datos masivos de la institución”.
“Las auditorías contemplarán áreas como asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos”, concluyeron.
Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró la última jornada que “el gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu”.
El Presidente Gabriel Boric dijo en su visita por la Región del Maule que “lo más importante y lo que no podemos perder de vista, a propósito de los casos de daño tremendo que se hace a la fe pública cuando se utilizan mal los recursos, muchas veces se olvida que los grandes afectados no son un partido político, no es un gobierno, eso puede ser también, pero eso pasará. Los afectados son las personas, es el pueblo y la plata que es de todos los chilenos se tiene que ocupar para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos”.
En tanto, el Mandatario tomó distancia respecto al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, quien admitió que supo de convenios pre-estallido del escándalo, asegurando que no puede hablar por él, pero que en su caso apenas supo “que podía existir irregulares, dije inmediatamente que se debe entregar toda la información, se debe averiguar todo lo que corresponda y no se defenderá a nadie que haya cometido irregularidades o delitos. Se harán valer las posibilidades administrativas, penales y políticas que correspondan”.
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