Luego que el pasado martes se produjeran una serie de incidentes, destrozos y saqueos por motivo de un nuevo 18 de octubre en el país, el diputado por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), presentó un proyecto de ley que busca quitar los beneficios estatales e impedir que puedan postular las personas condenadas por destrozos en la vía pública, daños a la propiedad privada, agresiones a funcionarios policiales y por cometer delitos contra el orden público en el contexto de alguna manifestación social.
Al respecto, y recordando por ejemplo que un 96% de los detenidos este año por maltrato de obra a Carabineros se encuentra en libertad, el parlamentario gremialista aseguró que es “indispensable” aumentar las sanciones en contra de las personas que sean condenadas por su participación en distintos delitos, señalando incluso que “es una manera de separar lo que son las legítimas movilizaciones ciudadanas de la delincuencia y la violencia que se escuda detrás de ellas”.
“Desde octubre de 2019 a la fecha, se ha instalado en nuestro país la sensación de que cualquiera puede producir destrozos, desmanes o atentar contra los funcionarios policiales, y al otro día va a quedar en libertad o será absuelto por la justicia. Por eso hemos decidido presentar este proyecto de ley, para que todas las personas que vayan a una marcha con el objetivo de cometer algún delito lo piensen dos veces, porque correrán el serio riesgo de perder todos los beneficios estatales que puedan estar recibiendo en ese minuto”, manifestó el diputado Martínez.
En esa línea, el representante del Distrito 19 explicó que la iniciativa establece que los condenados por delitos en el contexto de alguna manifestación social perderán los beneficios estatales por un plazo de cinco años, como tampoco podrán postular ni acceder a ellos durante el mismo período de tiempo. Mientras que quienes reincidan, propuso que la prohibición se extienda de por vida.
“Estamos hablando de beneficios estatales como la gratuidad universitaria, los bonos económicos que otorga el Gobierno, los subsidios a la vivienda o al arriendo que actualmente existen, entre otras ayudas sociales que se entregan en nuestro país, porque no nos parece justo que, con los impuestos que pagamos todos los chilenos, estemos beneficiando a quienes han causado un grave daño a nuestro país. Con este proyecto, quienes pretendan provocar destrozos o atentar contra los funcionarios policiales durante una manifestación, deberán saber que no recibirán más los beneficios estatales”, reiteró el parlamentario por Ñuble.
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