Investigan eventuales delitos de tráfico y trata de personas en Chillán

Un total de 126 personas fiscalizadas, de las cuales 84 son bolivianos en situación migratoria irregular, es el balance de la labor realizada por la PDI y la Seremi de Salud de Ñuble durante la madrugada de este miércoles en la empresa Carsol Fruit, ubicada en el kilómetro 17 del Camino Las Mariposas, al oriente de Chillán.

El jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Chillán, subprefecto Víctor Morales, planteó que se logró Fiscalizar la cantidad de 126 personas, entre los cuales se encontraban 32 chilenos, 10 haitianos y 84 bolivianos.

“Verificada su documentación, de los 10 haitianos, ocho tenían situación irregular en territorio nacional; uno con notificación pendiente de expulsión y siete infringiendo el artículo 71° de la Ley de Extranjería, por no renovar visa. Además, había 84 bolivianos que están infringiendo el artículo 69° de la Ley de Extranjería, por ingreso clandestino”, dijo el oficial de la PDI.

Christian Maldonado, seremi (s) de Salud de Ñuble precisó que la fiscalización se originó luego de una denuncia ingresada vía OIRS a la Autoridad Sanitaria, la cual refirió condiciones laborales deficientes y presencia de trabajadores extranjeros irregulares.

Respecto a las personas oriundas de Bolivia, se determinó que recogían arándanos, por el cual recibirían un pago de acuerdo a los kilos de frutos que obtuviesen en su jornada laboral, ubicándose también los dos inmuebles en que habitaban, constatando que, en una vivienda, habilitada con un galpón, estaban pernoctando los inmigrantes, “sin tener las condiciones higiénicas básicas”, según describió el subprefecto Morales.

Todos estos hechos fueron denunciados por la PDI a la autoridad administrativa, en tanto informaron al Ministerio Público, que entregó una orden de investigar para determinar el origen del ingreso de las personas inmigrantes. Asimismo, la Seremi de Salud cursó un sumario en la vivienda ubicada en el Parque Lantaño donde vivían los ciudadanos bolivianos.

Además, Christian Maldonado planteó que “la Unidad de Salud Ocupacional de nuestra institución fiscalizó el recinto junto a la PDI, constatando incumplimientos al DS 594/99 Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo del Minsal; DS 40/69 Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales; y a la Ley 21.342 que establece protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la Alerta Sanitaria”, detalló Maldonado.

De acuerdo a lo planteado por la autoridad de Salud, entre las deficiencias detectadas están la ausencia de registros y toma de temperatura en buses fiscalizados, comedor no cuenta con agua potable, sistema de refrigeración, sin control de vectores, mesas y sillas no lavables, y piso de radier de cemento; en medición de cloro libre residual, en sector de estaciones de trabajo del huerto, no todas cuentan con agua potable para consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, entre otras.

Ayer, el fiscal Florentino Bobadilla se constituyó en los lugares de alojamiento de estas personas extranjeras en compañía de detectives del Departamento de Extranjería y con apoyo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes están a cargo de las indagatorias.

“Iniciamos una investigación que tiene como finalidad determinar si existe delito en la situación que les afecta y si es así determinar eventuales responsables. Estamos tomando declaraciones a las víctimas y otras personas de interés investigativo”, precisó el fiscal Florentino Bobadilla.