Por decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el sujeto de iniciales J.V. (cuya identidad se resguarda para no identificar a la víctima) será enviado a la unidad psiquiátrica del Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad.
El imputado estaba privado de su libertad por presuntamente amenazar con un machete a su hermana e incendiar el hogar que ambos habitaban.
Diagnosticado con esquizofrenia, se espera que un informe del Servicio Médico Legal confirme su estado de salud mental para suspender el procedimiento. En la espera, el Juzgado de Garantía determinó que abandonase la cárcel porque “su libertad no sería un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Sin embargo, el tribunal de alzada revocó esa decisión y ordenó que cumpla con internación provisoria.
“Voy a quemar esta w…”
El 7 de agosto del 2020, J.V. y su hermana recibieron una vivienda en la Población El Pingüino para que la cuidasen y habitasen.
Desde ese día el sujeto habría tenido una actitud agresiva contra la víctima, que se prolongaría hasta la tarde siguiente, cuando la mujer se encerró en su habitación. Asustada, escuchó las amenazas de muerte de su hermano que, machete en mano, emitía desde el jardín trasero.
En ese mismo lugar el imputado habría encendido una fogata. “Voy a quemar esta w.., así que arranca”, cita la acusación fiscal. Finalmente, dio vuelta un tarro metálico con líquido combustible, ocasionando un incendio que consumió la casa por completo y se extendió hasta viviendas aledañas.
La víctima salvó su vida saltando por una de las ventanas, mientras que su hermano se dio a la fuga. Sería descubierto más tarde por funcionarios policiales. Lo encontraron deambulando por las calles y con tres cuchillos entre sus vestimentas. Su respuesta los dejó helados: “Es para matar a la gente que me cae mal”, habría dicho según la acusación fiscal.
Fiscalía: “No se consideró riesgo para la víctima”
Formalizado por incendio, porte de arma blanca, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) e infracción a normas sanitarias, J.V. cumplía con prisión preventiva en la cárcel de Punta Arenas desde agosto de 2020.
La estrategia de su defensa fue llegar a la suspensión del procedimiento. Tres días antes de cometer los delitos un médico emitió un Formulario de Hospitalización Involuntaria que recomendaba internarlo. “Comporta un riesgo real e inminente de daño a sí mismo o a terceros”, se lee en el informe.
Además, el imputado fue diagnosticado con esquizofrenia en 1989 por un hospital en Putaendo.
El 7 de abril se discutió si el procedimiento continuaba. La Fiscalía no se opuso a la suspensión, pero solicitó que J.V. fuese internado provisoriamente en la unidad psiquiátrica de la cárcel mientras se esperaba el informe definitivo del Servicio Médico Legal (SML).
Sin embargo, el juez Franco Reyes decidió que J.V. quedase libre. Hasta el 23 de abril –fecha en que se tendrá el informe del SML– el imputado tendría que cumplir solo con un control semanal en el Cosam Miraflores.
Esto motivó a que la fiscal asistente Katerina Aranis presentase un recurso ante la Corte de Apelaciones. “(El juez Reyes) rechazó la solicitud de internación provisional sin considerar el riesgo inminente que significa para la víctima y para la sociedad su conducta violenta”, dice el documento.
Los ministros de la Corte le darían la razón. En un fallo dividido, el tribunal de alzada decidió revocar la decisión del Juzgado de Garantía y enviar al imputado a la unidad psiquiátrica del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Punta Arenas. En ese lugar esperará por los resultados que arroje el informe del SML, los que se discutirán el 23 de abril.
Comentarios de las entradas (0)